martes, 25 de junio de 2019

DIPUTADA PROPONE DESTINAR DINERO DE PROPAGANDA ESTATAL A POLÍTICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA






POR TARIJA (25/06/2019).- Ante la ola de violencia que vive el país, la diputada nacional Ginna Torrez ha propuesto que se inicien programas de prevención desde las escuelas, por ejemplo, con la creación de los Gabinetes de Prevención y Atención Integral, que pueden ser financiados con parte del dinero que se dispone actualmente para propaganda estatal.

Los índices de violencia están por encima de todos los registros en Tarija, y si bien existe mayor difusión sobre los casos que hacen a las mujeres o niños, esta problemática afecta a todas las personas y en parte se debe a la carencia de acciones efectivas de prevención.

Entrevistada por Televisión Universitaria de Tarija, la legisladora y Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados recordó que durante la gestión del alcalde Óscar Montes se implementó los Gabinetes de Prevención y Atención Integral como un plan piloto entre 2013 y 2014, que dio buenos resultados en las unidades educativas de la capital departamental.

En ese marco, la legisladora tarijeña cuestionó el gasto que significa la difusión de propaganda en todos los niveles del Estado, desde el Gobierno central, las alcaldías y las gobernaciones departamentales, pues con esos recursos se podrían implementar políticas sociales para trabajar en la prevención de la violencia desde los núcleos escolares.

“Me gustaría que realmente desde el Gobierno nacional y el Ministerio de Comunicación se destine a la prevención ese presupuesto sobre las inauguraciones de obras, porque a la gente no le interesa ver que se inauguren las obras sino que estas le beneficien”, declaró.

Se conoce que a nivel nacional, con datos a abril, el Gobierno central destina 527 millones de bolivianos para que el Ministerio de Comunicación desarrolle las políticas de publicidad y difusión de gestión gubernamental.  

En ese contexto, la diputada se sumó al pedido de la senadora opositora Jeanine Añez, para que esa cartera de Estado emplee el dinero que se destina a Comunicación hacia políticas públicas que disminuyan los casos de violencia en el país.

Torrez dijo que lo mismo pasa en la Gobernación y las alcaldías de Tarija, por lo que se pedirán informes para conocer cuánto se destina a difusión de gestión (propaganda) y cuánto a políticas de prevención de la violencia.

Remarcó que con el proyecto de los Gabinetes de Prevención y Atención Integral, se podrá atender con ayuda psicológica, pedagógica y trabajo social, a los estudiantes que presenten conflictos de comportamiento, a fin de identificar posibles conductas de violencia y así prevenirlas.

Por ello es necesaria la presencia de estos profesionales, sobre todo psicólogos, en cada establecimiento, para que trabajen de forma permanente en las unidades educativas, porque las charlas de concientización ya no son efectivas ni suficientes si no se escucha a las personas, para conocer sus contextos y problemas.   

Actualmente, el proyecto de ley de Torrez para implementar ese programa a nivel nacional, se encuentra en revisión en las comisiones de la Cámara de Diputados.

INFOGRAFÍA LOS TIEMPOS:

 //POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

viernes, 21 de junio de 2019

FISCALIZACIÓN LEGISLATIVA DE POPPE Y TORREZ EVITA DAÑOS AL MEDIOAMBIENTE EN VILLA ABECIA




POR TARIJA (20/06/2019).- Las denuncias realizadas por los diputados Horacio Poppe y Ginna Torrez a la irregular actividad minera en el municipio de Villa Abecia, junto a la Acción Popular presentada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, permitió verificar las condiciones en las que operaba una empresa que no contaba con la respectiva licencia ambiental en la zona.

Hace un par de meses, los legisladores Poppe por Chuquisaca y Torrez por Tarija, emprendieron un trabajo de fiscalización a la extracción minera en los Cintis y El Puente, respectivamente.

El martes se conoció la versión de la empresa minera Santa Rita, a través de su representante legal Walter Quintanilla, quien admitió ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que ese consorcio no contaba con la licencia ambiental para operar en el municipio de Villa Abecia.

Para la diputada Ginna Torrez, Cuarta Secretaria de la Cámara de Diputados, ese reconocimiento, en el marco de la Acción Popular presentada el pasado 17 de mayo, demuestra que la fiscalización desde el Legislativo está dando resultados positivos para evitar que se realicen este tipo de trabajos irregulares en el sur del país.

Torrez remarcó que este es un antecedente para otros casos en los que algunas empresas pretenden actuar fuera del marco legal, pero sobre todo en perjuicio de las comunidades y el medioambiente con su actividad extractivista.
       
La Compañía Minera Sarmín o Santa Rita, explicó que se retardó la tramitación de la licencia ambiental por temas administrativos en la readecuación de contratos, además de calificar a la empresa como comunal, toda vez que la conforman 75 asociados en un sindicato.

Las tareas de explotación de piedra caliza y la piscina para los lixiviados de cobre fueron suspendidas, según explicaron secretarios de la Gobernación de Chuquisaca.

Poppe había alertado que las operaciones mineras en Villa Abecia iban a llegar a contaminar el río y el cañón de los Cintis.

Otro de los posibles problemas en la región, por la contaminación del cobre, resultaría en afectaciones a la producción vitivinícola de esa provincia, en el sur del país.

En ese marco, los diputados Poppe y Torrez remitieron una conminatoria para que el alcalde de Villa Abecia, Jhonny Ortega, se haga presente el 3 de junio en la Cámara de Diputados, pero el funcionario edil rehuyó a la convocatoria, primero aduciendo problemas de salud y luego negando competencia al Legislativo.

La diputada Ginna Torrez califica esa negación a comparecer del alcalde, en este caso particular, como una falta de respeto al llamado de Diputados, más aun cuando se conoce que se podrían haber cometido irregularidades desde su gestión edil.

El caso podría derivar en un proceso contra Ortega por la figura de incumplimiento de deberes.

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

martes, 18 de junio de 2019

INVESTIGADOR JURÍDICO RESALTA PROYECTOS DE DEFENSA DE LA VIDA DE LOS DIPUTADOS TORREZ Y POPPE




POR TARIJA (18/05/2019).- En su columna de opinión semanal, publicada en el matutino Página Siete, el investigador jurídico Franz Barrios resaltó los proyectos de ley que la diputada Ginna Torrez y el legislador Horacio Poppe van presentando en la Asamblea Legislativa Plurinacional para defender la vida y los derechos de la niñez.

Barrios describe, con el título “De aborto a la vida”, el proyecto ley de Protección para personas que sobrevivieron a un aborto fallido; además del proyecto ley de Adopción en el Vientre y de Reproducción Humana Asistida, ambos impulsados por la diputada por Tarija y titular de la Cuarta Secretaría de la Cámara de Diputados, Ginna Torrez.

El texto íntegro, a continuación:

Recientemente, la población boliviana se conmocionó al conocer el caso de una menor de 14 años víctima del delito de violación en la ciudad de Santa Cruz, a la que le practicaron un aborto a las 26 semanas, procedimiento del cual la bebé  que llevaba en el vientre sobrevivió, fue estabilizada y bautizada con el nombre Victoria.

Muchos quienes defendemos la vida advertimos la necesidad de precisión normativa que demanda este tipo de casos, que debe haber con significativa incidencia, pero que no son reportados.

Por ello, encabezados por los diputados Ginna Tórrez y Horacio Poppe (PDC), que vienen gestionando importantes iniciativas en el marco de la defensa de la vida, como ser los proyectos de ley para la adopción en el vientre y para la reproducción humana asistida, se presentó el proyecto de ley (PL) “de protección para personas que sobrevivieron a un aborto fallido”.

El mencionado PL responde a la necesidad de legislar para el universo de casos que, como el de la niña Victoria, requieren presupuestos normativos generales que protejan a estas personas nacidas bajo circunstancias especiales. 

Así mismo, el PL atiende el pedido efectuado hace cinco años por el Tribunal Constitucional (en su Sentencia Constitucional N° 0206/2014) a la Asamblea Legislativa Plurinacional para legislar la materia.

Pues en tal sentencia el TCP expresamente ratifica que el aborto (se entiende impune) debe satisfacer ciertos requisitos, es decir no puede ser “incondicional”. Concluyendo, de forma categórica, que “NO es constitucionalmente admisible” que se lo practique “en todas las etapas de desarrollo del embrión” (sic).

Y por ello, el PL propuesto contiene presupuestos para la protección constitucional al derecho a la vida del concebido, con énfasis en las fases más avanzadas de su desarrollo prenatal, según ordena la misma SCP N° 0206/2014.

Al respecto, además de sugerir modificaciones e incorporaciones al actual Art. 266 (aborto impune) del Código Penal, a la luz de la precitada SCP N° 0206/2014, el PL propone el límite de hasta las 20 semanas de gestación para que el aborto (en los dos únicos casos impunes o terapéuticos) pueda ser practicado.

¿Por qué la semana 20? Porque para la ciencia médica el aborto (inducido o no) es “toda interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de amenorrea (gestación), con un peso del producto de la gestación (embrión o feto) inferior a 500 gr” (Schwarcz, R. et al, Obstetricia). Disímil de “parto inmaduro” y “parto prematuro”, respectivamente.

En ese entendido, se sugiere las 20 semanas como límite para evitar complicaciones lesivas para la vida de la mujer y para la eficacia del procedimiento que es excepcional, y reglado. Además de que –reiteramos- constitucionalmente NO es admisible que se pueda practicar un aborto -excepcional y reglado- en cualquier etapa (semana) de desarrollo del embrión o feto, según dispone la SCP N° 0206/2014.

Y si de un aborto fallido o intento de aborto resultare el nacimiento con vida, el PL dispone que el nacido vivo merece el mismo cuidado y tratamiento médico diligente que reciben quienes nacen de forma convencional. Los derechos y obligaciones quedan irrevocablemente adquiridos si el concebido nace con vida. El Estado, en todos sus niveles, debe garantizar su existencia, con preferencia en un hogar de acogida para menores. Quedando inmediatamente suspendida la autoridad de la madre, del padre o de ambos sobre el nacido vivo, para fines de adopción.

Finalmente, el PL precautela que la mujer que se hubiere sometido a una intervención impune o terapéutica del embarazo, por cualquiera de las únicas causales que permite el artículo 266 del Código Penal, deba recibir cuidado y tratamiento médico diligente. Y por las circunstancias de la intervención, personal especializado del centro hospitalario donde se hubiere practicado el aborto impune o terapéutico le deberá brindar apoyo psicológico gratuito.    

Enlace original: https://www.paginasiete.bo/opinion/2019/6/18/de-aborto-la-vida-221439.html

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

miércoles, 12 de junio de 2019

DIPUTADA GINNA TORREZ PLANTEA LA CREACIÓN DE GABINETES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LAS UNIDADES EDUCATIVAS



POR TARIJA (12/06/2019).- La diputada Ginna Torrez ha presentado el proyecto de ley para la creación de los Gabinetes de Prevención y Atención Integral en el Sistema Educativo Plurinacional, con el objetivo de detectar y prevenir conductas de violencia en los estudiantes a través de equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos, trabajadores sociales y pedagogos, que atiendan esos casos de forma integral.

El proyecto de la titular de la Cuarta Secretaría de la Cámara de Diputados, pretende atender la problemática de los niños niñas y adolescentes para prevenir posteriores niveles de violencia en la sociedad, con la identificación de problemas de aprendizaje y conducta dentro de las unidades educativas.

Este proyecto piloto se implementó en Tarija entre 2013 y 2014, con la instalación de los gabinetes integrales.

La diputada del PDC, entrevistada en radio Compañera FM, destacó el apoyo inicial que recibió de los entonces diputados Manuel Canelas y Javier Zavaleta, ambos ministros del gabinete hoy, pero desde entonces, hace cuatro años, no se pudo avanzar en la aprobación del proyecto ley.

“Hemos presentado este proyecto desde 2015, pero parece que por ser yo una diputada de oposición no se toma en cuenta y en esta coyuntura de violencia tan preocupante que vive el país, esperamos que no se vean los colores políticos y se apruebe este proyecto que es muy importante”, sostuvo.

Ginna Torrez ya se reunió con el presidente de Diputados, Víctor Borda, quien le expresó su interés por la normativa expuesta, pero también espera un encuentro con la titular del Senado, Adriana Salvatierra.

La aplicación de estos Gabinetes de Prevención y Atención Integral se sustenta en la Constitución Política del Estado, el Código Niño Niña Adolescente y las normas internacionales que apuntan a la aplicación de la justicia restaurativa, remarcó la diputada por Tarija.

“Los Gabinetes de Prevención y atención integral tendrán la función de prestar una atención especializada de la mano de profesionales en las áreas de Psicología, Pedagogía, Trabajo Social, los que trabajarán de manera coordinada con las juntas escolares, plantel docente, plantel administrativo, padres de familia y estudiantes de las unidades educativas, en los niveles inicial, primaria y secundaria”, cita uno de los artículos de implementación del proyecto ley.

Talleres, diagnósticos, programas e informes en torno a la problemática estudiantil, son la base de trabajo de los profesionales que serán asignados en coordinación entre el Ministerio de Educación y los gobiernos autónomos municipales, a través de las Defensorías de la Niñez, en el marco de sus respectivas competencias.

El trabajo apunta a fortalecer los nexos entre la comunidad educativa, involucrando a profesores, padres de familia, estudiantes y sociedad en su conjunto.


ATENCIÓN INTEGRAL EN TRES ÁREAS

“En el área de Psicología, se realizarán talleres de prevención y atenderán las problemáticas relativas a la conducta, violencia, maltrato, acoso escolar, violencia sexual, consumo de bebidas alcohólicas y/o sustancias controladas; la intervención del equipo multidisciplinario radicará en la realización de entrevistas y aplicación de pruebas psicológicas de acuerdo a la elaboración de informes”.

“En el área de Pedagogía; se intervendrá cuando exista un bajo rendimiento escolar y trastornos de aprendizaje, el equipo multidisciplinario elaborará informes de acuerdo a la problemática y realizará talleres de prevención”.

“En el área de Trabajo Social; se elaborarán fichas sociales, se orientará a padres y madres de familia y/o tutores de los estudiantes, se realizará un correcto seguimiento social a los casos, se coordinará con instituciones para una adecuada derivación de los casos de acuerdo a los informes sociales, se organizarán talleres de capacitación, prevención y charlas con temas que involucren a la comunidad estudiantil”.

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

viernes, 7 de junio de 2019

DIPUTADA GINNA TORREZ APLAUDE SUSCRIPCIÓN DEL PREACUERDO PARA INCLUIR EL TRAMO CANALETAS - ENTRE RÍOS A LA RVF



POR TARIJA (7/06/2019).- La diputada por Tarija, Ginna Torrez, destacó la firma del preacuerdo suscrito ayer entre la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) con la Gobernación departamental y la Federación de Transportes 15 de Abril, para incluir en la Red Vial Fundamental (RVF) el tramo vial Canaletas a Entre Ríos.

Este preacuerdo servirá de impulso para el Proyecto de Ley que la titular de la Cuarta Secretaría presentó en la Cámara de Diputados para la inclusión de esa variante a la RVF y su categorización como Red Departamental de los tramos Canaletas - Narváez - Castellón – Entre Ríos y San Lorencito – Iscayachi – Santa Bárbara.

“Dando respuesta a las demandas de los lugareños y al sector del transporte el mencionado proyecto de ley busca cambiar la administración, conservación y mantenimiento de las rutas mencionadas, a su vez incorporando la variante Canaletas - Entre Ríos a la Red Vial Fundamental para que, en consecuencia, la ABC se responsabilice del permanente mantenimiento”, dijo Torrez.

Asimismo, la diputada tarijeña proyecta que el tramo Canaletas - Narvaez - Castellon - Entre Ríos y San Lorencito – Iscayachi – Santa Bárbara, pase a la administración del Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, para que en el ámbito de sus competencias realice la integración de este tramo a otros que componen la Red Departamental en la zona noroeste de la Provincia O´Connnor.

El mencionado proyecto de ley se encuentra en tratamiento en la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de Diputados, y fue tomado con atención por el presidente del ente camaral, Víctor Borda, dada su importancia social y de integración caminera.

En ese marco, Torrez agregó que será importante incluir en estos acuerdos la Ruta de la Dignidad Bermejo - Carapari del departamento de Tarija a la RVF por ser una ruta de límite nacional, dado que el proyecto presentado por la diputada al Legislativo ya se encuentra en la comisión respectiva desde abril.

La firma del preacuerdo entre el presidente de la ABC, Vladimir Sánchez, con los dirigentes del autotransporte suspendió el paro anunciado de 48 horas en la zona y comprometió una reunión conjunta para el jueves 13 de junio a fin de encarar el estudio técnico financiero para el mantenimiento de la vía.

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

miércoles, 5 de junio de 2019

SANCIÓN A MINERA DE CHARPAXI SURGE EN MEDIO DE UNA ACCIÓN POPULAR PROMOVIDA POR DIPUTADOS POPPE Y TORREZ



POR TARIJA (05/05/2019).- Tres concesiones mineras operan en la región de los Cintis de Chuquisaca, junto a un complejo agroindustrial que fue sancionado por carecer de licencia ambiental. En ese marco, el alcalde de Villa Abecia, Jhonny Ortega, quien debía presentarse hoy a comparecer en la Cámara de Diputados, dijo desconocer el tema de contaminación en esa región.

Ayer, la Gobernación de Chuquisaca, a través de la Dirección Departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra, procedió a notificar a la Mina Santa Rita con una multa del 0,3 por ciento de su inversión en la comunidad de Charpaxi, dentro del municipio de Villa Abecia, por no haber presentado la correspondiente licencia ambiental.

Sin embargo, el conflicto surge con la empresa denominada Complejo Agroindustrial, representada por Walter Quintanilla, que estaba proyectando la instalación de una planta de lixiviados para la explotación de cobre a cielo abierto en la zona de los Cintis.

Los accionistas de las minas Santa Rita I y II, Ramiro Schmitdt y Rebeca Olivera, decidieron no ceder minerales a Agroindustrial y negaron cualquier relación contractual, según nota entregada al Comité de Defensa del Cañón Cinteño, al que accedio el portal De los Cintis.

Consultado sobre el tema, el alcalde de Villa Abecía, de filas del Movimiento Al Socialismo – MAS, dijo a Radio Global de Sucre, que se acatará y coadyuvará a dar cumplimiento a esos temas administrativos.


"DEBE CONTAMINAR ALGO"

En torno a la contaminación provocada por esas empresas, como Complejo Agroindustrial, en la región Charpaxi, Ortega señaló que toda actividad minera “debe contaminar algo, nosotros no tenemos conocimiento sobre ese tema”.

El alcalde se encuentra con baja médica y con ello evitó acudir a la Asamblea Legislativa, aunque antes había negado a medios locales, que se haya facilitado concesiones o licencias a esas empresas.

Ortega, finalmente, confirmó que existen tres empresas en operación que se encuentran en proceso de readecuación en sus contratos en los Cintis.

“Con la inspección realizada con la Gobernación nos enteramos que las tres concesiones mineras que están en proceso de readecuación de concesión a contratos mineros, tienen el respaldo legal para proceder con la extracción del mineral”, declaró.


IMPULSO DE LA ACCIÓN POPULAR

El caso había sido denunciado por los diputados de oposición Horacio Poppe y Ginna Torrez, quienes emprendieron una tarea de fiscalización a la actividad minera en los Cintis de Chuquisaca y el municipio de El puente en Tarija, por los riesgos ambientales y daños a la salud pública de los comunarios y vecinos de ambos departamentos.

Ante la reciente sanción a esa empresa minera, la legisladora tarijeña y titular de la Cuarta Secretaría de la Cámara de Diputados, expresó que estas acciones administrativas responden a la Acción Popular que se presentó en mayo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, para frenar todo tipo de actividades extractivistas en la zona, anticipando irregularidades como aquella carencia de licencia ambiental.

“Si no era por la Acción Popular que promovimos con el diputado Poppe, estamos seguros de que el alcalde y el gobernador no hubiesen tomado cartas en el asunto, más aun cuando esta mina data de muchos años de actividad. Estamos hablando de un pueblo pequeño como para que el alcalde no se dé cuenta de que esta mina esté funcionando de manera ilegal”, dijo Torrez.

Sobre la ausencia del alcalde Ortega ante la Cámara Baja, Torrez alertó que se seguirán las acciones legales correspondientes, pues la sanción inicial a Santa Rita no exime de responsabilidades al alcalde que supuestamente aprobó esas actividades mineras.

“También censuramos de que el alcalde no haya venido a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, en este caso vamos a seguir con las acciones que correspondan con las autoridades por incumplimiento de deberes y hasta llegar a una acción penal si esta corresponde en espera de una respuesta del TCP a nuestra Acción Popular”, refirió la diputada por Tarija.

A su turno, Poppe dijo que Ortega había “huido” a la interpelación, porque primero dijo que estaba enfermo y luego envío una excusa de rechazo a la fiscalización del Legislativo a un Gobierno Municipal, como lo es Villa Abecia.

Poppe alertó que existe una sentencia constitucional que obliga a todos los funcionarios subnacionales a responder ante una fiscalización del Órgano Legislativo y si el alcalde de Villa Abecia no acude a una segunda convocatoria quedará la vía libre para procesarlo por incumplimiento de deberes.

//Tomado de Visor Bolivia//