POR TARIJA (05/05/2019).- Tres concesiones mineras operan
en la región de los Cintis de Chuquisaca, junto a un complejo agroindustrial
que fue sancionado por carecer de licencia ambiental. En ese marco, el alcalde
de Villa Abecia, Jhonny Ortega, quien debía presentarse hoy a comparecer en la
Cámara de Diputados, dijo desconocer el tema de contaminación en esa región.
Ayer, la Gobernación de Chuquisaca, a través de la
Dirección Departamental de Medio Ambiente y Madre Tierra, procedió a notificar
a la Mina Santa Rita con una multa del 0,3 por ciento de su inversión en la
comunidad de Charpaxi, dentro del municipio de Villa Abecia, por no haber
presentado la correspondiente licencia ambiental.
Sin embargo, el conflicto surge con la empresa denominada
Complejo Agroindustrial, representada por Walter Quintanilla, que estaba
proyectando la instalación de una planta de lixiviados para la explotación de
cobre a cielo abierto en la zona de los Cintis.
Los accionistas de las minas Santa Rita I y II, Ramiro
Schmitdt y Rebeca Olivera, decidieron no ceder minerales a Agroindustrial y
negaron cualquier relación contractual, según nota entregada al Comité de
Defensa del Cañón Cinteño, al que accedio el portal De los Cintis.
Consultado sobre el tema, el alcalde de Villa Abecía, de
filas del Movimiento Al Socialismo – MAS, dijo a Radio Global de Sucre, que se
acatará y coadyuvará a dar cumplimiento a esos temas administrativos.
"DEBE CONTAMINAR ALGO"
En torno a la contaminación provocada por esas empresas,
como Complejo Agroindustrial, en la región Charpaxi, Ortega señaló que toda
actividad minera “debe contaminar algo, nosotros no tenemos conocimiento sobre
ese tema”.
El alcalde se encuentra con baja médica y con ello evitó
acudir a la Asamblea Legislativa, aunque antes había negado a medios locales,
que se haya facilitado concesiones o licencias a esas empresas.
Ortega, finalmente, confirmó que existen tres empresas en
operación que se encuentran en proceso de readecuación en sus contratos en los
Cintis.
“Con la inspección realizada con la Gobernación nos
enteramos que las tres concesiones mineras que están en proceso de readecuación
de concesión a contratos mineros, tienen el respaldo legal para proceder con la
extracción del mineral”, declaró.
IMPULSO DE LA ACCIÓN POPULAR
El caso había sido denunciado por los diputados de
oposición Horacio Poppe y Ginna Torrez, quienes emprendieron una tarea de
fiscalización a la actividad minera en los Cintis de Chuquisaca y el municipio
de El puente en Tarija, por los riesgos ambientales y daños a la salud pública
de los comunarios y vecinos de ambos departamentos.
Ante la reciente sanción a esa empresa minera, la
legisladora tarijeña y titular de la Cuarta Secretaría de la Cámara de
Diputados, expresó que estas acciones administrativas responden a la Acción
Popular que se presentó en mayo ante el Tribunal Constitucional Plurinacional,
para frenar todo tipo de actividades extractivistas en la zona, anticipando
irregularidades como aquella carencia de licencia ambiental.
“Si no era por la Acción Popular que promovimos con el
diputado Poppe, estamos seguros de que el alcalde y el gobernador no hubiesen
tomado cartas en el asunto, más aun cuando esta mina data de muchos años de
actividad. Estamos hablando de un pueblo pequeño como para que el alcalde no se
dé cuenta de que esta mina esté funcionando de manera ilegal”, dijo Torrez.
Sobre la ausencia del alcalde Ortega ante la Cámara Baja,
Torrez alertó que se seguirán las acciones legales correspondientes, pues la
sanción inicial a Santa Rita no exime de responsabilidades al alcalde que supuestamente aprobó esas actividades mineras.
“También censuramos de que el alcalde no haya venido a
rendir cuentas a la Asamblea Legislativa, en este caso vamos a seguir con las
acciones que correspondan con las autoridades por incumplimiento de deberes y
hasta llegar a una acción penal si esta corresponde en espera de una respuesta
del TCP a nuestra Acción Popular”, refirió la diputada por Tarija.
A su turno, Poppe dijo que Ortega había “huido” a la
interpelación, porque primero dijo que estaba enfermo y luego envío una excusa
de rechazo a la fiscalización del Legislativo a un Gobierno Municipal, como lo
es Villa Abecia.
Poppe alertó que existe una sentencia constitucional que
obliga a todos los funcionarios subnacionales a responder ante una
fiscalización del Órgano Legislativo y si el alcalde de Villa Abecia no acude a
una segunda convocatoria quedará la vía libre para procesarlo por
incumplimiento de deberes.
//Tomado de Visor Bolivia//
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