DIPUTADOS DEL SUR INGRESAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ABSTRACTA CONTRA EL D.S. 3973

POR TARIJA (29/08/2019).- En el marco del rechazo al Decreto Supremo 3973 que amplió las zonas de desmonte de tierras y quemas controladas, que provocaron el incontrolable incendio de la Chiquitanía y amazonas boliviano, diputados representantes del sur del país, ingresaron esta jornada una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Reunidos en Sucre, sede del TCP, los diputados Horacio Poppe de Chuquisaca, Ginna Torrez de Tarija y Grover Huanca de Potosí, presentaron el recurso legal contra el D.S. 3973 aprobado en consejo de ministros y dictado por el mandatario Evo Morales el pasado 9 de julio en la sede de los ganaderos del Beni.

La Acción de Inconstitucionalidad Abstracta – AIA se fundamenta en los derechos de la naturaleza como persona colectiva y de interés público, además que busca proteger la vida de los habitantes de las zonas afectadas en Santa Cruz y Beni.

Los diputados del sur también cuestionan la aprobación del decreto, pues al margen de modificar una norma anterior de 2001, se tomó atribuciones que solo pueden ser realizadas por una ley del Estado.

“En cuanto a la forma, la AIA observa que la Reserva Legal fue vulnerada por el Gobierno de Evo al emitir tal cuestionado Decreto. Porque transgrediendo la Reserva Legal, lo promulgó autorizando desmontes y quemas, siendo que por la materia dichas “autorizaciones” sólo podrían ser consideradas mediante Ley nacional”, cita el documento.

“En consecuencia, conforme al razonamiento precedentemente expuesto el principio de reserva legal, en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, resultaría lesionado cuando una norma inferior a una ley imponga limitaciones al ejercicio de algún derecho fundamental consagrado por la constitución o los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”, agrega el recurso ingresado por Poppe, Torrez y Huanca.

Esta medida de los legisladores del sur del país se suma a los pedidos de abrogación del D.S. 3973 que modificó el Decreto 26075 del 16 de febrero de 2001 que autoriza el desmonte de suelos, pero incluyendo la figura de “tierras comunitarias”, además de ampliar la aprobación de “quema controlada” de Santa Cruz a Beni.

Activistas ciudadanos en el eje central de Bolivia ya comenzaron a salir a las calles para pedir la abrogación del polémico decreto, reprochando las pérdidas de flora, bosque y fauna silvestre en las regiones afectadas. Se estima que en la Chiquitanía se perdieron 700 mil hectáreas, totalizando más de un millón en lo que va del año.

Diez municipios han sido afectados por el fuego y lso focos de calor en Santa Cruz, producto de las quemas consentidas a partir del D.S. 3973: San Antonio de Lomerío, Concepción, Puerto Suárez, Charagua, Roboré, San Ignacio, San José, San Matías, San Rafael y San Javier.

//FUENTE: VISOR BOLIVIA//

DIPUTADA EXIGE AL PRESIDENTE ABROGAR EL NEFASTO D.S. 3973 DE DESMONTES DE TIERRAS Y QUEMAS CONTROLADAS

POR TARIJA (25/08/2019).- La diputada de oposición Ginna Torrez, ante el desastre natural acaecido por el siniestro de la Chiquitanía, ha exigido la abrogación inmediata del "nefasto" Decreto Supremo 3973 del 10 de julio de 2019, que aprobó las “quemas controladas” en los departamentos de Beni y Santa Cruz.

“El Gobierno, en sus miles de desaciertos, promulgó en julio de este año el D.S. 3973, un decreto que atenta principalmente contra el medio ambiente, contra nuestra madre tierra, la Ley 701 y muchos otros derechos de los bolivianos”, expresó la diputada por Tarija.

Torrez remitió una carta al presidente del Estado, Evo Morales, recordándole los Derechos de la Madre Tierra, así como el daño que provoca al ecosistema y medioambiente la práctica de los chaqueos indiscriminados. 

La normativa modificó al D.S. 26075 del 16 de febrero de 2001, que solo aprobaba el desmonte de tierras privadas en Santa Cruz, sujeto a la aprobación de un plan de ordenamiento predial.   

El nuevo texto, firmado por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, agregó a Beni y a las tierras comunitarias dentro del desmonte legal y la figura de quema controlada.

“En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”, añade la última parte del Art. 5 modificado.

“No existen las supuestas ‘quemas controladas’. Perdimos hectáreas de nuestra naturaleza oriental. Exigimos la abrogación inmediata, exigimos alternativas para el desarrollo de nuestro país oportunas y no simplemente alternativas, que dejan en evidencia la incapacidad de gobernar”, agregó Torrez, cuarta secretaria de la Cámara de Diputados.

Han pasado casi tres semanas desde el inicio del incendio forestal más grande que ha vivido Bolivia y todavía no se conocen las verdaderas causas del siniestro; sin embargo, todo apunta a que los denominados chaqueos contribuyeron a la expansión del fuego desde Roboré por toda la Chuquitanía en el oriente boliviano.    

En ese marco, es el DS 3973 el que promovió la acción de colonizadores en la zona, argumentando como una necesidad la ampliación de la franja agrícola, como se sustentó en la aprobación del referido decreto en consejo de ministros.

“Que ante el crecimiento poblacional, incremento de la demanda interna y externa de alimentos; así como los indicadores de consumo de la población, hacen necesario asumir medidas estratégicas tendientes a ampliar las superficies para cultivo y producción agrícola y ganadera, a través de la apertura de la frontera agropecuaria para el fortalecimiento de la producción de alimentos y la economía nacional con inclusión de las distintas realidades productivas y potencialidades de la economía plural de forma sostenible y sustentable”.

Posteriormente se decreta: “En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que así lo permitan”.

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

DIPUTADA EXIGE QUE PETROLERAS REPSOL Y SHELL TRASLADEN SUS OFICINAS A TARIJA PARA CUMPLIR LEY 3058

POR TARIJA (24/08/2019).- La diputada Ginna Torrez ha solicitado de manera formal, que las petroleras transnacionales que operan en Bolivia, Repsol y Shell, establezcan sus oficinas en Tarija, al ser ese uno de los departamentos productores de hidrocarburos, además de sustentarse en la Ley 3058 de 2005 que hasta la fecha se incumple desde el nivel central.

Mediante una carta dirigida a las petroleras Repsol y Shell, la diputada por Tarija ha hecho la solicitud, reclamando el derecho que corresponde tanto a ese departamento como a Chuquisaca, para que a la brevedad posible den cumplimiento al artículo 23 de la Ley 3058 de Hidrocarburos, referido a la sede de las empresas operadoras en el país.

El citado artículo, dentro del capítulo de Organización Institucional del Sector Hidrocarburos, establece la distribución de sedes para el Directorio y Presidencia en La Paz, la Vicepresidencia de Administración y Gerencia en las provincias Gran Chaco y O’ Connor de Tarija, la Vicepresidencia de Operaciones en Santa Cruz, además de las gerencias de industrialización en Cochabamba y la de Ductos y Redes en Sucre, entre las más relevantes.

Sobre las transnacionales, el mismo artículo dispone: “Las Empresas Petroleras que operan en el país deberán establecer oficinas en las Sedes mencionadas y en los Departamentos en los que operan”.

Torrez recuerda que el pedido para el traslado de esas oficinas, con el respectivo aporte a las economías departamentales locales, no se atiende e incluso existe una Acción de Cumplimiento que presentó el diputado chuquisaqueño Horacio Poppe, logrando que el juez de garantías emitiera la Resolución 01/2018 de 26 de enero de 2018 que concedió la tutela y conminó al cumplimiento total del Art. 23 de la Ley de Hidrocarburos.

En julio de 2018 Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB, dando cumplimiento a esa orden judicial, procedió al traslado de la Gerencia de Ductos y Redes a Sucre, aunque se anunció que aquello sería de forma paulatina, al existir entre 300 a 500 funcionarios distribuidos en 130 oficinas a nivel nacional.

En el caso de las petroleras Repsol y Shell, ambas mantienen oficinas en Santa Cruz, pero deberían realizar un proceso de descentralización hacia los otros departamentos productores, sobre todo Tarija que cuenta, al menos en el marco legal, con la Vicepresidencia Nacional de Hidrocarburos.

En ese entendido, concluye la diputada de oposición, y con una sentencia que sienta jurisprudencia en el traslado de sedes, tanto Repsol como Shell tienen “la obligación de establecer sus oficinas en Tarija, al ser ese un departamento donde ambas llevan a cabo operaciones petroleras”.

//FUENTE: VISOR BOLIVIA//

CÁMARA DE DIPUTADOS ENTREGÓ HOMENAJE CAMARAL A ALDEAS INFANTILES SOS BOLIVIA EN SUS 50 AÑOS

POR TARIJA (16/08/2019).- A iniciativa de la diputada Ginna Torrez, como cuarta secretaria de la Cámara de Diputados, la Comisión de Política Social otorgó la resolución camaral de homenaje a Aldeas Infantiles SOS Bolivia por sus 50 años de labor continua a favor de la niñez boliviana.

El Salón Andrés Ibáñez de la Asamblea Legislativa, fue el escenario para la entrega del Homenaje Camaral en nombre del Estado Plurinacional a la institución que, desde sus inicios en Cochabamba en 1969, ha logrado dar cobertura, hogar y protección a miles de niños y niñas en todo el territorio nacional.

Actualmente, Aldeas Infantiles SOS Bolivia atiende a 15.139 niños en situación de riesgo con el cuidado diarios en sus centros y albergues de siete departamentos del país, además de brindar contención familiar a más de 2.600 menores.

La diputada por Tarija, Ginna Torrez, impulsó este homenaje y en palabras alusivas destacó el trabajo de Aldeas Infantiles SOS Bolivia por su labor continua en estos 50 años de cooperación con el Estado boliviano y la sociedad civil.

Asimismo, destacó el valor de esa institución por promover los derechos de la niñez en el país, para que se fortalezcan y mejoren los sistemas de protección a la infancia.

“Siento mucha satisfacción de que el Estado boliviano, a través de la Cámara de Diputados, no haya quedado indiferente ante los 50 años de Aldeas Infantiles SOS, porque gracias a ustedes miles de niños son felices y tienen un hogar”, expresó Torrez.

La diputada recordó el trabajo coordinado con esa institución, cuando ejerció el cargo de la Dirección de Género en el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.  

“Para mí no es enterarme de su trabajo simplemente por la lectura en los medios, en la prensa, sino que yo he sido parte del trabajo que ustedes vienen desarrollando como directora de Género del Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, donde hemos podido sentir el trabajo que realizan en Bolivia”, agregó.

Torrez, a tiempo de comprometer su apoyo permanente a esa institución, entregó la Resolución de Homenaje Camaral a la presidenta de la Junta Directiva de Aldeas Infantiles SOS Bolivia, Ana María Granda.

Solo durante 2018, Aldeas Infantiles SOS Bolivia logró la restitución del derecho a vivir en una familia a 1.480 niños y niñas que perdieron el cuidado y la protección de sus núcleos familiares.

Aldeas Infantiles SOS Bolivia trabaja en tres áreas: Fortalecer familias en riesgo de separarse para que los niños y niñas no pierdan el cuidado de sus padres; brindar alternativas de cuidado a los niños, niñas y jóvenes que perdieron el cuidado de sus familias; y promover los derechos de la niñez en el país para que fortalezcan y mejoren los sistemas de protección a la infancia.

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

80 FEMINICIDIOS EN OCHO MESES: DIPUTADA REMARCA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA

POR TARIJA (12/08/2019).- Ocho meses, 80 feminicidios. Esa es la alarmante cifra que deja este año, con tendencia a incrementarse, en los casos reportados de feminicidios en Bolivia que a su vez dejan a familias enteras destruidas y a toda una niñez en la orfandad. Las leyes y sanciones parecen no dar resultados, por ello, la diputada Ginna Torrez plantea trabajar en la prevención de la violencia.

La legisladora y cuarta secretaria de la Cámara de Diputados, Ginna Torrez, lamentó que los casos de feminicidio en el país vayan en aumento con esa alarmante cifra de 80 casos reportados por la Fiscalía General del Estado entre enero y agosto de 2019.

“Son 80 mujeres que dejan hijos en la orfandad”, expresa Torrez, quien viene trabajando desde Tarija y ahora en la Asamblea Legislativa, en proyectos que logren superar este drama de la sociedad que ataca a sectores vulnerables como las mujeres y los niños.      

La diputada por Tarija lleva insistiendo cuatro años en la aprobación de la ley de creación de los Gabinetes de Prevención y Atención Integral en las unidades educativas, con el objetivo de generar políticas de prevención de la violencia en la niñez y adolescencia, reflejada en los colegios y que tendrían un efecto de transformación en la sociedad, en la edad adulta de estos ciudadanos.

“La violencia contra la niñez puede ser erradicada desde la educación. Un método alternativo y efectivo para prevenirnos de futuros violadores es contando con un psicólogo, una trabajadora social y una pedagoga en todas las unidades educativas del Estado”, expresa Torrez.

En ese marco, a las cifras de violencia a niños y mujeres se suma la retardación de justicia, como se evidencia en la reciente sentencia de 20 años de cárcel para un sujeto acusado de violación a una menor de 15 años, en un hecho ocurrido el 21 de noviembre de 2017. Es así que Marcelo Ríos deberá cumplir su condena en el penal de Morros Blancos de Tarija.

“Lamentamos el retardo judicial. Un año después recién se hace "justicia" de este hecho. Por ello es necesario trabajar arduamente en proyectos de prevención”, remarca la diputada.

En el caso de feminicidios, el domingo se completó la cifra de 80 muertes, con un caso reportado en la terminal de buses de La Paz, donde un sujeto provocó la muerte de una mujer de 75 años, por lesiones en la cabeza que datan de julio. 

El agresor, pareja de la víctima, había provocado fuertes lesiones craneales a la mujer adulta mayor, que fueron consideradas en primera instancia como violencia doméstica. El informe forense determinó unos días de baja, pero por la gravedad y complicación del cuadro se amplió a 90 días de impedimento, pero la anciana no pudo sobrevivir y este domingo falleció.

Con ese caso, los datos de la Fiscalía General tienen a La Paz con el mayor número de feminicidios con 27 casos, le siguen Cochabamba con 16, Santa Cruz 12, Oruro 7, Beni 4, Tarija 4, Potosí 6, Pando 2 y Chuquisaca 2.

//POR TARIJA/ PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

CREACIÓN DE GABINETES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN UNIDADES EDUCATIVAS ES VIABLE Y SE SUSTENTA EN LA LEY 548

POR TARIJA (5/08/2019).- La diputada Ginna Torrez ha remarcado que el proyecto de ley de creación de los Gabinetes de Protección y Atención Integral en unidades educativas, no solo se enmarca en la normativa vigente sino que apela a las competencias municipales para la implementación de estos sistemas profesionales a favor de los estudiantes.

En entrevista con la red ATB, la diputada y cuarta secretaria de la Cámara de Diputados, lamentó que desde 2015 en esa instancia legislativa, se esté dilatando la aprobación de este proyecto ley que ya tuvo una experiencia en el municipio de Tarija.

   

Considerando que las cifras de la violencia en el país parecen imparables, existe la necesidad de combatir ese fenómeno desde las unidades educativas con los estudiantes, pero también con los padres de familia y la comunidad educativa a través del abordaje de los profesionales en psicología, trabajo social y pedagogía.

Torrez explica que estos casos de violencia o comportamiento de conducta, previamente identificados, pasan a tuición de las defensorías municipales, que son las instancias llamadas por ley para abordar la temática de la niñez y adolescencia.  

La demora en la aprobación surge por cuestionamientos al financiamiento de estos gabinetes conformados por tres profesionales para cada establecimiento educativo del sistema público. Sin embargo, la proyección de la aplicación es progresiva y se fundamenta en el Código Niño Niña Adolescente.

El Código cita en su artículo 150 de Protección Contra la Violencia en el Sistema Educativo: ““La protección a la vida y a la integridad física y psicológica de los miembros de la comunidad educativa, implica la prevención, atención y sanción de la violencia ejercida en el Sistema Educativo del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de consolidar la convivencia pacífica y armónica, la cultura de paz, tolerancia y justicia, en el marco del Vivir Bien, el buen trato, la solidaridad, el respeto, la intraculturalidad, la interculturalidad y la no discriminación entre sus miembros”.

Asimismo, el artículo 184, inciso h), sobre las atribuciones de los gobiernos autónomos municipales les delega a: “Diseñar e implementar programas y servicios municipales de prevención, protección y atención de la niña, niño y adolescente, para el cumplimento de las medidas de protección social, de acuerdo a lo establecido en el presente Código”.

En ese contexto, el proyecto de ley se encuentra en revisión en la Comisión de Educación, pero sin avanzar y con el riesgo de volver a ser archivado por cuarto año.

“Quiero hacer un llamado a mis colegas parlamentarios para que me colaboren y no vean color político, para que nos saquemos la camiseta política y trabajemos por nuestro país”, declaró.

La aplicación de estos Gabinetes de Prevención y Atención Integral en Tarija, durante la gestión del alcalde Óscar Montes, lanzó buenos resultados, logró la participación de la comunidad educativa y reveló casos de violencia que estaban ocultos dentro de los establecimientos educativos.

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

ALCALDE DE VILLA ABECÍA RENUNCIA ANTES DE ASISTIR A COMPARECER AL LEGISLATIVO POR CASO LOS CINTIS

POR TARIJA (03/08/2019).- El alcalde de Villa Abecia, Jhonny Ortega, presentó su renuncia al cargo, en medio de la petición de informe que debía responder el 21 de agosto ante la Cámara de Diputados, por la habilitación irregular de operaciones a una empresa minera en los Cintis, informó hoy, la diputada Ginna Torrez.

La comparecencia de Ortega al Legislativo había sido reprogramada luego de dos excusas presentadas en junio y julio, alegando problemas de salud y estrés. Posteriormente anunció un recurso para declarar la no competencia de la función fiscalizadora de la Cámara Baja.

Ortega fue conminado por los diputados Horacio Poppe de Chuquisaca y Ginna Torrez de Tarija, a presentar su informe sobre la aprobación de licencias y permisos para la actividad extractiva de varias empresas en las regiones de Qhollpanayuc, La Abra, Charpaxsi y los Cintis, estas últimas comprometidas con la empresa minera Santa Rita y el consorcio Complejo Agroambiental, que carecían de la licencia ambiental respectiva.

En ese marco, la diputada Ginna Torrez cuestionó la forma de su alejamiento por rehuir a un deber como máxima autoridad ejecutiva de Villa Abecia, municipio que denunció riesgos de contaminación por la actividad minera en el cañón de los Cintis chuquisaqueños.   

“Lamentamos su renuncia, porque como autoridad debe quedarse a rendir cuentas a los electores que confiaron en él. En su momento dijo que el diputado Poppe mentía, pero ahora su renuncia nos da la razón”, dijo Torrez.

El burgomaestre renunciante había negado las acusaciones de Poppe sobre su supuesta influencia para beneficiar a las empresas mineras, sobre todo al Complejo Agroambiental.

“Queremos desmentir a la población, particularmente mi persona no es amigo de actividad minera, tampoco tengo plata para entrar de socio de ese tipo de industrias que requieren una gran cantidad de financiamiento”, decía Ortega, el pasado 5 de junio al diario Correo del Sur.

Ortega, músico cantautor, electo en 2015 por filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), ya había solicitado a la Gobernación intervenir en el caso Mina Santa Rita. Las obras de explotación se paralizaron, se dio una multa de 0,3% al consorcio y se observó la construcción de una piscina para lixiviados porque podía contaminar la quebrada de los Cintis y llegar hasta los cultivos vitivinícolas de la zona.

Aquella situación se dio en mayo, luego de la presentación de la Acción Popular presentada por los diputados Torrez y Poppe ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. El 17 de julio la Sala Constitucional concedió la tutela a ese recurso, determinando que la empresa minera operaba sin licencia ambiental y por ello debía paralizar toda actividad.

Ante la sorpresiva renuncia de Ortega al cargo, el diputado Poppe anunció que se pedirá una acción cautelar a la Fiscalía, toda vez que con los antecedentes jurídicos actuales, el burgomaestre podría tener algún grado de responsabilidad en esa actividad irregular.

“Estamos solicitando al Ministerio Público su arraigo hasta determinar su posible participación en el doloso proyecto minero. Conocemos que tendría la intención de trasladarse a la Argentina”, expuso Poppe.

La verificación de la actividad minera en los Cintis, sin cumplir las normas medioambientales, ha alarmado a los comunarios que hoy se encuentran organizados pidiendo informes médicos, de laboratorio y detalles técnicos para establecer si hubo riesgo a la salud pública por los niveles de mercurio u otras partículas generadas en este corto tiempo.

//POR TARIJA/ PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

DIPUTADA INVESTIGARÁ SI HUBO DAÑO A LA SALUD DE LA POBLACIÓN POR EXPLOTACIÓN MINERA EN TARIJA Y CHUQUISACA

POR TARIJA (01/08/2019).- La diputada Ginna Torrez anunció que, luego de verificar la carencia de licencia ambiental en la empresa que operaba en los Cintis, se pasará a investigar si hubo daño a la salud de la población por la explotación de mercurio a cielo abierto en el sur del país. Asimismo, se abordará otro caso similar que afecta al río Pilcomayo.

En entrevista con el programa “Entre Líneas” de radio Compañera FM, la diputada por Tarija y cuarta secretaria de la Cámara de Diputados, destacó la línea jurisprudencial que marcó la reciente tutela otorgada por la Sala Constitucional de Sucre, a la Acción Popular presentada en mayo para frenar la explotación minera en los Cintis chuquisaqueños.

El recurso ingresado al Tribunal Departamental de Justicia se resolvió a favor de los diputados Ginna Torrez y Horacio Poppe, que intercedieron por los pobladores de esa región y los vecinos de Villa Abecía, que denunciaron las actividades de la empresa Santa Rita y su concesionaria Complejo Agroambiental.

Sin embargo, los propios pobladores, ahora organizados en una directiva, han alertado sobre posibles problemas a su salud provocados durante los meses que ese grupo operó en los Cintis, antes de la paralización de actividades por orden de la Gobernación de Chuquisaca y la presión vecinal.

Torrez explicó que ya se emitió un primer informe de un perito en temas de contaminación por explotación minera y los datos reportados son preocupantes, porque explica que las moléculas o polvillos que se aspiran al explotar este tipo de minas, se absorben por los pulmones y esto es irreversible para la salud.

Por la labor fiscalizadora de los diputados, el tema pasa por informes técnicos que ahora serán solicitados a las autoridades competentes a fin de verificar o descartar ese riesgo a la salud de la población en Chuquisaca y Tarija.

La diputada por Tarija añadió que el siguiente caso a abordar corresponde a las actividades extractivas que se están realizando en Potosí y cuyas aguas residuales o lixiviados estarían desembocando en el río Pilcomayo, lo cual tendría mayores repercusiones a la salud pública, tomando en cuenta que el agua no solo sirve para el consumo, aseo o riego, sino que contaminaría a los peces que luego son alimento diario de decenas de familias.

Se harán las investigaciones pertinentes, remarcó la diputada, para tener informes concretos sin alarmar a la población, en el marco de la responsabilidad de la función legislativa.

Torrez concluyó solicitando a la población acudir a su despacho o al diputado Poppe para alertar sobre cualquier actividad extractiva que pueda ser irregular en los nueve departamentos del país para ejecutar las peticiones de informe a las instancias nacionales, departamentales o municipales correspondientes.

//POR TARIJA / PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//