POR TARIJA (03/08/2019).- El alcalde de Villa Abecia,
Jhonny Ortega, presentó su renuncia al cargo, en medio de la petición de informe
que debía responder el 21 de agosto ante la Cámara de Diputados, por la
habilitación irregular de operaciones a una empresa minera en los Cintis,
informó hoy, la diputada Ginna Torrez.
La comparecencia de Ortega al Legislativo había sido
reprogramada luego de dos excusas presentadas en junio y julio, alegando
problemas de salud y estrés. Posteriormente anunció un recurso para declarar la
no competencia de la función fiscalizadora de la Cámara Baja.
Ortega fue conminado por los diputados Horacio Poppe de
Chuquisaca y Ginna Torrez de Tarija, a presentar su informe sobre la aprobación
de licencias y permisos para la actividad extractiva de varias empresas en las
regiones de Qhollpanayuc, La Abra, Charpaxsi y los Cintis, estas últimas
comprometidas con la empresa minera Santa Rita y el consorcio Complejo
Agroambiental, que carecían de la licencia ambiental respectiva.
En ese marco, la diputada Ginna Torrez cuestionó la forma
de su alejamiento por rehuir a un deber como máxima autoridad ejecutiva de Villa
Abecia, municipio que denunció riesgos de contaminación por la actividad minera
en el cañón de los Cintis chuquisaqueños.
“Lamentamos su renuncia, porque como autoridad debe
quedarse a rendir cuentas a los electores que confiaron en él. En su momento
dijo que el diputado Poppe mentía, pero ahora su renuncia nos da la razón”,
dijo Torrez.
El burgomaestre renunciante había negado las acusaciones
de Poppe sobre su supuesta influencia para beneficiar a las empresas mineras,
sobre todo al Complejo Agroambiental.
“Queremos desmentir a la población, particularmente mi
persona no es amigo de actividad minera, tampoco tengo plata para entrar de
socio de ese tipo de industrias que requieren una gran cantidad de financiamiento”,
decía Ortega, el pasado 5 de junio al diario Correo del Sur.
Ortega, músico cantautor, electo en 2015 por filas del
Movimiento Al Socialismo (MAS), ya había solicitado a la Gobernación intervenir
en el caso Mina Santa Rita. Las obras de explotación se paralizaron, se dio una
multa de 0,3% al consorcio y se observó la construcción de una piscina para lixiviados
porque podía contaminar la quebrada de los Cintis y llegar hasta los cultivos
vitivinícolas de la zona.
Aquella situación se dio en mayo, luego de la
presentación de la Acción Popular presentada por los diputados Torrez y Poppe
ante el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. El 17 de julio la
Sala Constitucional concedió la tutela a ese recurso, determinando que la
empresa minera operaba sin licencia ambiental y por ello debía paralizar toda
actividad.
Ante la sorpresiva renuncia de Ortega al cargo, el
diputado Poppe anunció que se pedirá una acción cautelar a la Fiscalía, toda
vez que con los antecedentes jurídicos actuales, el burgomaestre podría tener
algún grado de responsabilidad en esa actividad irregular.
“Estamos solicitando al Ministerio Público su arraigo
hasta determinar su posible participación en el doloso proyecto minero. Conocemos
que tendría la intención de trasladarse a la Argentina”, expuso Poppe.
La verificación de la actividad minera en los Cintis, sin
cumplir las normas medioambientales, ha alarmado a los comunarios que hoy se
encuentran organizados pidiendo informes médicos, de laboratorio y detalles técnicos
para establecer si hubo riesgo a la salud pública por los niveles de mercurio u
otras partículas generadas en este corto tiempo.
//POR TARIJA/
PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//
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