POR TARIJA (25/08/2019).- La diputada de oposición Ginna
Torrez, ante el desastre natural acaecido por el siniestro de la Chiquitanía,
ha exigido la abrogación inmediata del "nefasto" Decreto Supremo 3973 del 10 de julio de
2019, que aprobó las “quemas controladas” en los departamentos de Beni y Santa
Cruz.
“El Gobierno, en sus miles de desaciertos, promulgó en
julio de este año el D.S. 3973, un decreto que atenta principalmente contra el medio
ambiente, contra nuestra madre tierra, la Ley 701 y muchos otros derechos de
los bolivianos”, expresó la diputada por Tarija.
Torrez remitió una carta al presidente del Estado, Evo Morales, recordándole los Derechos de la Madre Tierra, así como el daño que provoca al ecosistema y medioambiente la práctica de los chaqueos indiscriminados.
La normativa modificó al D.S. 26075 del 16 de febrero de
2001, que solo aprobaba el desmonte de tierras privadas en Santa Cruz, sujeto a
la aprobación de un plan de ordenamiento predial.
El nuevo texto, firmado por el presidente del Estado
Plurinacional, Evo Morales, agregó a Beni y a las tierras comunitarias dentro del
desmonte legal y la figura de quema controlada.
“En ambos departamentos se permite las quemas controladas
de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS que
así lo permitan”, añade la última parte del Art. 5 modificado.
“No existen las supuestas ‘quemas controladas’. Perdimos
hectáreas de nuestra naturaleza oriental. Exigimos la abrogación inmediata,
exigimos alternativas para el desarrollo de nuestro país oportunas y no
simplemente alternativas, que dejan en evidencia la incapacidad de gobernar”,
agregó Torrez, cuarta secretaria de la Cámara de Diputados.
Han pasado casi tres semanas desde el inicio del incendio
forestal más grande que ha vivido Bolivia y todavía no se conocen las
verdaderas causas del siniestro; sin embargo, todo apunta a que los denominados
chaqueos contribuyeron a la expansión del fuego desde Roboré por toda la
Chuquitanía en el oriente boliviano.
En ese marco, es el DS 3973 el que promovió la acción de
colonizadores en la zona, argumentando como una necesidad la ampliación de la
franja agrícola, como se sustentó en la aprobación del referido decreto en
consejo de ministros.
“Que ante el crecimiento poblacional, incremento de la
demanda interna y externa de alimentos; así como los indicadores de consumo de
la población, hacen necesario asumir medidas estratégicas tendientes a ampliar
las superficies para cultivo y producción agrícola y ganadera, a través de la
apertura de la frontera agropecuaria para el fortalecimiento de la producción
de alimentos y la economía nacional con inclusión de las distintas realidades
productivas y potencialidades de la economía plural de forma sostenible y
sustentable”.
Posteriormente se decreta: “En los departamentos de Santa
Cruz y Beni, se autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras
privadas y comunitarias, que se enmarque en el Manejo Integral y Sustentable de
Bosques y Tierra, conforme a los instrumentos de gestión específicos aprobados
por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT, y
sus Planes de Uso de Suelo vigentes. En ambos departamentos se permite las
quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas
clasificadas por el PLUS que así lo permitan”.
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