POR TARIJA (11/01/2020).- La diputada por Tarija, Ginna
Torrez, anunció que interpondrá una Acción Abstracta de Inconstitucionalidad
contra la Ley de Garantías Constitucionales, si la presidenta del Senado, Eva
Copa, decide promulgar esa polémica norma que solo busca blindar al anterior
gobierno con un manto de impunidad.
Ante la reciente aprobación de la también conocida como
"Ley de Impunidad", la noche del viernes en la Cámara Alta, bajo el nuevo
nombre de Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos, la legisladora tarijeña
y abogada explicó que dicha normativa va contra la Constitución Política del Estado,
atribuyendo más derechos y garantías a un solo sector de la ciudadanía, en este
caso la clase política y sindical aliada al MAS.
En ese marco, la presidenta constitucional Jeanine Áñez,
ya adelantó que no promulgará la ley por su carácter inconstitucional, pero
Copa podría tomar esa atribución, según declaró, “para pacificar el país”.
Sin embargo, explica Torrez, dicha norma llega a ser innecesaria
e inconstitucional, porque todos los derechos fundamentales y garantías
constitucionales están reconocidos en la Ley Fundamental y son “directamente
aplicables y gozan de iguales garantías para su protección”, según expresa el
artículo 109, parágrafo I de la CPE.
Asimismo, en su artículo 14, parágrafo II, la CPE señala
que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación, incluyendo la
condición política, que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos
de toda persona.
“El ser masista o afín al MAS no les da más derechos ni
más garantías a estos ciudadanos que al resto de los bolivianos”, sostuvo la
diputada y agregó que temas como la amnistía, por ejemplo, son atribuciones
presidenciales que se ejercen por decreto supremo y no por ley del Legislativo.
Con este antecedente, además, se podría abrir un nefasto
precedente para dotar de inmunidad a quienes cometan crímenes de lesa humanidad,
atenten contra los bienes públicos, el patrimonio del Estado o busquen alterar
la unidad del país.
La ley, “prohíbe las acciones de hecho, aprehensiones y
detenciones preventivas arbitrarias, hostigamiento judicial o cualquier medida
ilegal de coacción que impida el libre ejercicio de derechos y libertades, por
los acontecimientos políticos suscitados a partir del 21 de octubre de 2019”,
según cita uno de sus apartados.
El proyecto del MAS se activó luego de los hechos
violentos de octubre y noviembre, tras las elecciones fraudulentas y posterior abandono
de funciones de Evo Morales, con enfrentamientos promovidos por los aliados al
anterior gobierno que dejaron muertos en las ciudades de Sacaba y Senkata. La norma
busca la atención a las víctimas, pero también evitar procesos futuros contra
la dirigencia política y sindical del masismo.
La Ley de Cumplimiento de los Derechos Humanos aprobada
en sus estaciones en grande y detalle, tuvo algunas modificaciones, por lo que
ahora volverá a la Cámara de Diputados antes de su sanción y posterior remisión al Ejecutivo.
//PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//
No hay comentarios:
Publicar un comentario