TORREZ PLANTEA QUE BS 35 MILLONES PARA LA CAMPAÑA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SE DESTINEN A FAVOR DE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA

Diputada Ginna Torrez apoyando las labores de gestión social para la lucha contra el Covid-19 / RRSS

PRENSA CUARTA SECRETARÍA DIPUTADOS.- La diputada nacional Ginna Torrez planteó este viernes, que los recursos previstos para los ocho frentes políticos que participarán de las elecciones generales del 6 de septiembre sean destinados, en su integridad, para la salud de la población y la lucha contra el Covid-19.       

La legisladora por Tarija remarcó que la prioridad para la ciudadanía en estos momentos es la atención en salud y por ello se deben sumar todos los recursos, incluidos los Bs 35.000.000 que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) programó para la campaña de las organizaciones políticas, para preservar la salud de la población.

“Es momento de que la clase política piense en la salud de la población antes que en la campaña electoral. Todos los recursos que sean necesarios deben enfocarse a la lucha contra el coronavirus y el fortalecimiento del sistema de salud en Bolivia”, sostuvo.

Asimismo, Torrez remitió el pasado 5 de mayo, el anteproyecto de ley de “Contribución Solidaria del 50% Salarial” a la Presidencia de la Cámara de Diputados, para que todas las instancias legislativas a nivel nacional, senadores y diputados; departamental, asambleístas; y municipal, concejales, donen la mitad de sus sueldos a un fondo común para la lucha contra el Covid-19.

La diputada recordó que la iniciativa de la presidenta constitucional Jeanine Áñez, de donar la mitad de su sueldo, junto a su gabinete ministerial, logró recaudar Bs 1 millón; por tanto, el monto de los entes legislativos sería muy superior pues se habla de cientos de funcionarios públicos a nivel nacional.

El ente electoral determinó repetir la fórmula de las pasadas elecciones de 2019, que a su vez tomó los parámetros de los comicios generales de 2014 para la distribución de recursos estatales a los frentes políticos.

En ese sentido, de los iniciales Bs 35 millones presupuestados para las ocho organizaciones y alianzas políticas, el 60 por ciento se distribuye equitativamente con aproximados Bs 2,6 millones para cada frente, mientras el otro 40 por ciento responde a los resultados obtenidos por el MAS, UD y PDC hace seis años.   

En ese marco, el partido de Evo Morales se beneficiaría con Bs 2,6 millones del monto “equitativo” y Bs 8,6 millones por haber logrado 60% de los votos en 2014, sumando un total de Bs 11,2 millones para su campaña proselitista.

Unidad Demócrata, hoy convertida en la alianza JUNTOS recibiría Bs 5,7 millones y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que forma parte de la alianza Creemos se beneficiaría con Bs 3,5 millones.

Comunidad Ciudadana (CC), Frente Para la Victoria (FPV), Acción Democrática Nacionalista (ADN), Partido de Acción Nacional (PANBOL) y la alianza Libre21 solo percibirían cada uno Bs 2,6 millones.    

//PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

DIPUTADA TORREZ SOLICITA APROBAR 10 POR CIENTO PARA SALUD Y QUE EL MAS DEJE DE BOICOTEAR EL PROYECTO DE LEY 512

La diputada Ginna Torrez acompañando al padre Mateo Bautista luego del anuncio de la presidenta Jeanine Áñez, de destinar 10 por ciento del PGN a la salud, en noviembre de 2019 (ARCHIVO RRSS)

PRENSA CUARTA SECRETARÍA.- La diputada nacional Ginna Torrez, remitió una carta a la Presidencia de la Cámara de Diputados, solicitando que se dé celeridad a la aprobación de la asignación del 10 por ciento del Presupuesto General de la Nación para la salud, pues esa ley todavía se encuentra trabada por afanes políticos del masismo.

Torrez presentó el lunes una nota al presidente de la Cámara Baja, Sergio Choque, solicitando dar curso al proyecto de ley 512 que fue activado el pasado 27 de noviembre de 2019 y aprobado en el Comité de Salud de esa instancia legislativa.

La diputada deploró que el proyecto de ley, una iniciativa del padre Mateo Bautista desde 2015, sea boicoteado sin justificativo alguno por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Comisión de Salud, siendo ese un atentado contra la salud del pueblo.

“El MAS aduce erróneamente que el Ejecutivo no necesita de una ley específica para destinar recursos a la salud, siendo que si se va a afectar el Presupuesto General del Estado se requiere de otra ley que la modifique, en este caso el proyecto ley para aprobar el 10 por ciento para la salud”, expuso.

La legisladora recordó que el PL 512 cumplió los requerimientos legislativos que exigen “establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión”.

Torrez solicitó al MAS dejar a un lado sus intereses y cálculos partidarios en estos tiempos de emergencia sanitaria y pandemia y le recordó a esa bancada mayoritaria que el artículo 37 de la Constitución Política del Estado (CPE) es claro sobre la prioridad que debe dar el Estado a la salud de toda la ciudadanía.

“El Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades”, cita la CPE.

El pedido de destinar 10 por ciento del Presupuesto General de la Nación para la atención de la salud en Bolivia, nació en 2015 desde Santa Cruz, por iniciativa del padre Mateo Bautista. El entonces gobierno del MAS y sus anteriores autoridades en Salud destinaron una campaña de desprestigio contra el sacerdote católico y no dejaron avanzar el proyecto.

Con la asunción de la presidenta Jeanine Añez a la Presidencia del Estado, y con su vocación de servicio a la población, el 16 de noviembre de 2019, se decidió presentar el proyecto e instruir los informes técnicos de los ministerios de la Presidencia, Salud y Economía para hacer efectiva esa medida.

//PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//  

DIPUTADA RESPALDARÁ ACCIONES CONSTITUCIONALES DEL EJECUTIVO PARA OBSERVAR LEY DE ESTADO DE EXCEPCIÓN APROBADA POR EL MAS

POR TARIJA (17/06/2020).- La diputada nacional Ginna Torrez, manifestó su respaldo a las acciones legales y constitucionales anunciadas por el Ejecutivo, que observa la Ley de Estado de Excepción aprobada este miércoles en la Cámara Baja.

La legisladora recordó que esta ley impulsada por la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), va en contradicción a las competencias constitucionales que le asigna la Carta Fundamental a la Presidencia del Estado.

En ese marco, Torrez respaldó el anuncio que hizo el Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, de acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional, por establecer atribuciones a otras instancias fuera del marco legal.

"Es una ley estéril que tiene objetivos y contenidos políticos para proteger a su propia militancia”, decía el viceministro Wilson Santamaría.

La diputada por Tarija ya había explicado que la Ley del Estado de Excepción contiene un sesgo político, pero sobre todo, contradice artículos constitucionales sobre atribuciones y competencias en los Órganos del Estado.

El artículo 137 de la CPE establece cuatro situaciones jurídicas para declarar esa medida constitucional: cuando existe peligro para la seguridad del Estado, por amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales.

Asimismo, el art. 172 de la CPE señala como atribución privativa de la Presidencia del Estado la declaratoria de un estado de excepción.

La norma fue sancionada por los dos tercios del MAS en la Cámara de Diputados, este miércoles, pese a los cuestionamientos del Ejecutivo y los ministerios que tienen bajo tuición a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La presidenta constitucional Jeanine Añez tiene diez días para realizar sus observaciones o rechazar la promulgación de la ley.

//PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

DIPUTADA REMARCA QUE DECLARAR ESTADO DE EXCEPCIÓN ES ATRIBUCIÓN PRIVATIVA DE LA PRESIDENCIA DEL ESTADO

(Proyecto de ley aprobado por el MAS en el Senado)

POR TARIJA (15/06/2020).- La diputada nacional Ginna Torrez remarca que el estado de excepción es una medida cuya declaración es atribución privativa de la Presidencia del Estado; por lo tanto, el proyecto de ley que se tratará en la Cámara Baja para “regular” esa acción, contradice las facultades constitucionales del Ejecutivo y solo apunta a generar un espacio para la desestabilización social.  

La legisladora recuerda que los artículos 137 y 172 de la Constitución Política del Estado son claros al facultar a la Presidencia del Estado la declaratoria de un estado de excepción. En este caso, la única autoridad que puede apelar a esa medida es la presidenta Jeanine Áñez.

El art. 137 de la CPE, dice Torrez, establece cuatro situaciones jurídicas para la declaratoria del estado de excepción: en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural.

En ese marco, la diputada cuestiona el proyecto de ley de Estado de Excepción que aprobó el miércoles los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, porque incluye artículos como la exclusión de esta medida constitucional a “conflictos, agitación popular o movilizaciones sociales”.

Esa pretensión, agrega, apunta a eludir responsabilidades penales o llega a ser una “confesión” de próximas medidas de desestabilización al Gobierno Constitucional de Bolivia. “Sencillamente, esas "exclusiones selectivas" no están presupuestadas en la CPE para el efecto”, dijo.

El art. 172 de la CPE señala como competencia de la Presidencia la declaratoria de un estado de excepción. "Son atribuciones de la Presidenta o Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley: 26) Declarar el estado de excepción".

La diputada por Tarija y abogada asegura que la vulneración de los derechos constitucionales están sujetas a la jurisdicción y competencias de las autoridades; en tanto, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúan y quedan regidas a sus respectivas leyes orgánicas que no pueden ser “reguladas” con este proyecto que será abordado en sesión de la Cámara de Diputados este martes 16 de junio.

//PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//

DIPUTADA RECUERDA QUE EXISTE LEGISLACIÓN VIGENTE SOBRE DONACIÓN DE SANGRE Y CONVOCA A LA POBLACIÓN A SER SOLIDARIA EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA

POR TARIJA (08/06/2020).- La diputada nacional Ginna Torrez recordó que existe legislación vigente sobre la donación de sangre en Bolivia; por ello, la legisladora convocó a la ciudadanía a ser solidaria en esta etapa de emergencia sanitaria por el Covid-19, para que aquellas personas recuperadas de la enfermedad puedan donar voluntariamente el plasma hiperinmune para salvar las vidas de los bolivianos.

La legisladora por Tarija explicó que la donación de sangre o cualquiera de sus componentes está enmarcada en la Constitución Política del Estado, la Ley 1687 de la Medicina Transfusional y Bancos de Sangre, la Ley 1716 de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos, además del Código Penal, por lo que recomendó a los familiares o allegados de pacientes en necesidad, no ofrecer remuneración económica a los donantes y así evitar esta especie de “mercado negro” denunciado en las redes sociales.

El artículo 1 de la Ley 1687, detalla Torrez, denomina al donante de sangre como la persona que “en forma voluntaria, libre y consciente, cumpliendo los requisitos reglamentarios y sin que medie presión alguna, entrega su sangre o algunos de sus componentes, sin retribución económica y a título gratuito para su utilización con fines preventivos, terapéuticos, de diagnóstico o de investigación”.

En tanto, el art. 18 de la misma norma dicta que: “Queda terminantemente prohibida la remuneración o comercialización de sangre humana y sus componentes”.

Asimismo, la Ley 1716 de Donación y Trasplante de Órganos, Células y Tejidos dispone en su Art. 2: "El contrato de donación de órganos, tejidos y células con fines terapéuticos se constituye por un acto expreso entre vivos, únicamente”.

La diputada y abogada cita también la CPE que en su artículo 43 sobre los derechos a la salud, señala que “la ley regulará las donaciones o trasplantes de células, tejidos u órganos bajo los principios de humanidad, solidaridad, oportunidad, gratuidad y eficiencia”.

Finalmente, el Código Penal en su art. 216 establece como un delito contra la salud pública, con pena de privativa de libertad de uno a diez años, a quien: “Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población".

El plasma hiperinmune se ha convertido en este tiempo de pandemia en un elemento de tratamiento para pacientes con Covid-19 en estado crítico y recientes estudios en la región han comprobado que la trasfusión coadyuva a disminuir la tasa de letalidad por esta enfermedad.

El Ministerio de Salud, a través de los distintos bancos de sangre del país, explicó que las personas que se recuperan de la enfermedad pueden realizar la donación de 600ml de ese tejido, que servirá para la atención y mejora de síntomas de dos a tres personas contagiadas.

//PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//