 |
| Sesión del martes por la noche en la Cámara Alta / PRENSA SENADO |
CUARTA SECRETARÍA.- La diputada nacional Ginna Torrez rechazó
la recién aprobada Ley de Censura a ministros de Estado, por ser
inconstitucional ya que excede las atribuciones de fiscalización legislativa establecidas
en la Constitución Política del Estado (CPE), dando una especie de “pena civil” de tres
años a las autoridades que sean destituidas del cargo ejecutivo.
Torrez explicó que la CPE en su artículo 158 señala como
atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional la acción de “Interpelar, a
iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado,
individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los
miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de
las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”.
Es decir, en ningún momento se aprueba una sanción civil
o penal a cargo de los asambleístas contra alguno de los miembros del gabinete ministerial
de un Gobierno constitucional.
La noche del martes, la mayoría del Movimiento Al
Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley Específica de Censura que añade más
elementos de sanción a las autoridades que sean interpeladas por la Asamblea
Legislativa.
Un proyecto anterior remitido a la Cámara Baja señalaba
que: “La autoridad censurada no podrá ser designada nuevamente en el cargo
objeto de la censura mientras dure el periodo constitucional”.
Sin embargo, en la ley aprobada por el Senado se añadió
que un ministro censurado no podrá ser designado en ese u otro cargo del
Ejecutivo por "tres años posteriores a la censura" legislativa; así
también se establece que “la autoridad encargada de las designaciones de Máximas
Autoridades Ejecutivas (MAE) de instituciones y empresas públicas, no podrá
designar en este cargo a quien hubiera sido censurado por la ALP, en los tres
(3) años posteriores a su destitución”.
La diputada por Tarija anticipó que esta ley promovida
por cálculos y revancha política del MAS deberá ser declarada inconstitucional por
las instancias correspondientes.
El primer proyecto de “Ley de interpelación y censura a
ministras y ministros de Estado”, fue presentado el pasado 2 de junio por la
diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, con el claro objetivo
de desestabilizar al Gobierno Constitucional de la presidenta Jeanine Áñez,
luego de la experiencia del 10 de marzo, cuando la mandataria destituyó y
volvió a posesionar en el cargo al ministro de Defensa, Luis Fernando López.
En esa línea, el MAS tiene en agenda las interpelaciones
contra los ministros de Obras Públicas, Iván Arias; de Relaciones Exteriores,
Karen Longaric; de Gobierno, Arturo Murillo; de Medio Ambiente, María Elba
Pinckert; de Desarrollo Rural, Eliane Capobianco; y de Educación, Víctor Hugo
Cárdenas. Todas ellas se activarían una vez promulgada esta ley de censura que
pasó a la Cámara de Diputados para su revisión.
//PRENSA CUARTA SECRETARÍA CÁMARA DE DIPUTADOS//
No hay comentarios:
Publicar un comentario